Miércoles, 09 Mayo 2018 10:41

Ejecución de las Sentencias del TC

Escrito por  F√©lix Bautista
Twitter: @SenadorSanJuan Twitter: @SenadorSanJuan

El nacimiento de un nuevo Estado, supone la existencia de una norma fundamental: la Constitución. En la mayoría de los Estados democráticos, estas Normas Sustantivas personifican la integración del sistema normativo. Son la fuente primaria del derecho y en su contenido se representa la unidad del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Para que la Constituci√≥n sea el centro y a su vez se represente en ella la c√ļspide del ordenamiento jur√≠dico, es preciso que se garantice el cumplimiento de los principios de supremac√≠a e inviolabilidad constitucional por parte de todos los poderes del Estado. Esta tarea de defensa a la Constituci√≥n es llevada a cabo por los sistemas de control constitucional, bajo la responsabilidad de los √≥rganos jurisdiccionales, personificados en los Tribunales o Cortes Constitucionales.

Los poderes constituyentes han creado estos √≥rganos con la finalidad de controlar y mantener a los poderes p√ļblicos dentro del l√≠mite de las atribuciones que les confiere la Carta Magna, lo que permite garantizar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales.

La ejecuci√≥n de las decisiones jurisdiccionales emitidas por los Tribunales o Cortes Constitucionales se configura en un derecho para la parte a favor de la cual falla el √≥rgano judicial, por lo que quienes las dictan, o quienes resulten responsables de ejecutarlas, tienen la obligaci√≥n de adoptar las medidas necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento, seg√ļn las normas y procedimientos aplicables y con independencia de que la sentencia a ejecutar haya de ser cumplida por un ente p√ļblico o privado.¬† ¬†

Sobre este aspecto, es importante analizar la situación jurídica de algunos países latinoamericanos que han creado los mecanismos para garantizar la ejecutoriedad de las sentencias emanadas por sus tribunales constitucionales. Colombia es un ejemplo de países en los que se ha legislado en este sentido. Dentro de las posibles sanciones a imponer ante el incumplimiento de una sentencia constitucional, se encuentran la imposición de multas hasta de 20 salarios mínimos mensuales y arresto hasta de seis meses. El juez de primera instancia es el funcionario competente para verificar el cumplimiento del fallo, conocer de los incidentes de desacato y adoptar las medidas a las que haya lugar, sin importar que se trate de una sentencia de primera o segunda instancia, o de una sentencia que haya sido revisada por la propia Corte Constitucional.

En Per√ļ, para el cumplimiento de las sentencias constitucionales, y de acuerdo al contenido espec√≠fico de la sentencia, el juez puede imponer multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destituci√≥n del responsable. Los montos de las multas pueden ser colocados de forma discrecional, conforme a la capacidad econ√≥mica del funcionario, servidor p√ļblico o ciudadano que cometa la falta. En caso de ser un funcionario o servidor p√ļblico, el juez se encuentra capacitado para utilizar la fuerza p√ļblica en procura del cobro de la multa y dirigirse al superior responsable, para que este √ļltimo le haga cumplir o disponer incluso la apertura del procedimiento administrativo contra quien ha imposibilitado el cumplimiento de la sentencia.

En Costa Rica, la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Rectores y el Programa Estado de la Naci√≥n, idearon un sistema de control y vigilancia, que da seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Los jueces de la Sala Constitucional de Costa Rica pueden adoptar medidas extremas, tales como la imposici√≥n de prisi√≥n de tres meses a dos a√Īos, a quien haya recibido una orden que deba cumplir o hacer cumplir y no la cumpliere; y de seis meses a tres a√Īos de prisi√≥n a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de h√°beas corpus, si las mismas personas repiten las acciones, omisiones o amenazas que fueron la base de un amparo anterior declarado procedente.

En Rep√ļblica Dominicana, dentro de las figuras novedosas incluidas en la Constituci√≥n promulgada en fecha 26 de enero de 2010 y modificada en 2015, se encuentra la creaci√≥n del Tribunal Constitucional, como √≥rgano responsable de ‚Äúgarantizar la supremac√≠a de la Constituci√≥n, la defensa del orden constitucional y la protecci√≥n de los derechos fundamentales.‚ÄĚ, conforme a lo establecido en el art√≠culo 184 de la Ley Sustantiva.

El Tribunal Constitucional est√° compuesto de 13 jueces, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un per√≠odo de nueve a√Īos. Sus decisiones son definitivas e irrevocables, con car√°cter vinculante para el resto del ordenamiento jur√≠dico y para todos los poderes p√ļblicos.¬†¬†

Durante su funcionamiento, las sentencias emanadas por el Tribunal Constitucional han resultado ser eminentemente claras. Sin embargo, aunque la Ley 137-11 dispone en el art√≠culo 9 que el propio Tribunal solucionar√° ‚Äúlas dificultades relativas a la ejecuci√≥n de sus decisiones‚ÄĚ, no existe un procedimiento ni mecanismos claros que garanticen la efectividad y cumplimiento de sus sentencias, siendo esto particularmente grave, al ser el Tribunal Constitucional la √ļltima instancia del ordenamiento jur√≠dico y dada la fuerza vinculante de sus decisiones.

En ese sentido, en cumplimiento de las obligaciones que me confiere la Constituci√≥n, como Senador de la Rep√ļblica he sometido un proyecto de ley sobre la Ejecuci√≥n de Sentencias del Tribunal Constitucional de la Rep√ļblica Dominicana. El objeto de la iniciativa es organizar el proceso de recepci√≥n, investigaci√≥n y tr√°mite de las solicitudes tendentes a resolver las dificultades o el incumplimiento de las decisiones del TC, as√≠ como regular el funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Ejecuci√≥n de Sentencias que se encuentra adscrita al Pleno del Tribunal Constitucional.

Este proyecto supone una concreción específica del derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, ya que el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional de manera oportuna es un imperativo del principio de seguridad jurídica; constituye un elemento fundamental de la exigencia de efectividad que forma parte del proceso y garantiza el cumplimiento de los principios de supremacía e inviolabilidad constitucional, por parte de todos los poderes del Estado y de los ciudadanos.