Viernes, 09 Febrero 2018 10:23

Las iglesias y los indeseados como enemigos

Escrito por  Eduardo Jorge Prats
Twitter: @EdJorgePrats Twitter: @EdJorgePrats

Cada vez que representantes de las iglesias de las diferentes denominaciones cristianas intervienen en los asuntos p√ļblicos, la reacci√≥n de los sectores liberales de la sociedad no se hace esperar, afirmando que esta intervenci√≥n p√ļblica constituye un fundamentalismo religioso y una ruptura de las fronteras que separan al Estado secular de las iglesias. Pero‚Ķ ¬Ņes cierto que la religi√≥n no tiene nada que ver con la pol√≠tica y que, por tanto, deben abandonar los creyentes y sus pastores la arena p√ļblica y dejar que los pol√≠ticos resuelvan en t√©rminos seculares los problemas mundanos de los asociados en la comunidad pol√≠tica? Veamos‚Ķ

Lo primero es que, en un Estado secular como el dominicano, Estado y religi√≥n est√°n separados, por lo que el Estado renuncia a una legitimaci√≥n religiosa por parte de las iglesias y estas renuncian a pretensiones de dominio pol√≠tico y privilegios. El Estado es neutral respecto a las diferentes cosmovisiones pues no hay iglesia oficial. Y lo que no es menos importante: los argumentos que ‚Äúimpliquen la pretensi√≥n de la verdad de la religi√≥n‚ÄĚ (Habermas) no devienen legales por esa mera pretensi√≥n, como pretendi√≥ en infausta ocasi√≥n la Suprema Corte de Justicia, Alta Corte que, al momento de declarar constitucional el Concordato que une al Estado dominicano con el Vaticano, desvergonzadamente afirm√≥ que ‚Äúes un hecho admitido que la religi√≥n cat√≥lica es la revelada por Jesucristo y conservada por la Iglesia Romana y por miles de millones de personas en todo el mundo por m√°s de dos milenios‚ÄĚ, cosa que, aunque es un dogma incuestionable para quienes somos cat√≥licos, aparte de ser un pronunciamiento sectario de los jueces supremos frente a las dem√°s confesiones cristianas, en modo alguno puede ser un argumento jur√≠dico que sirva de leg√≠timo sustento a una decisi√≥n jurisdiccional, que debe estar basada siempre en Derecho y nunca en art√≠culos de fe.

Ahora bien, que las iglesias no puedan imponer a los ciudadanos sus creencias y formas de vida usando el brazo secular estatal, que no es aceptable en un Estado Constitucional y democr√°tico un fundamentalismo religioso que erosione las libertades, y que el Estado no debe identificarse con los contenidos de una iglesia o religi√≥n, no significa que el Estado asuma como religi√≥n civil un fundamentalismo secular. El Estado debe esforzarse en que ‚Äúlos cristianos no perciban este Estado en su realidad como algo divisorio, hostil a su fe, sino como la oportunidad de vivir en libertad, algo que tambi√©n ellos deben contribuir a realizar y concretar‚ÄĚ. En este sentido, la religi√≥n es ‚Äúuna reserva √©tica irrenunciable del Estado secular‚ÄĚ (Thesing), el cual vive ‚Äúde los impulsos y las fuerzas que la fe religiosa transmite a sus ciudadanos‚ÄĚ (Bockenforde), por lo que las iglesias pueden perfectamente formular un juicio √©tico sobre las leyes del Estado. Esa capacidad de las religiones de darle sentido a la vida de los ciudadanos es lo que explica la presencia en nuestra Constituci√≥n no solo de las denominadas ‚Äúcl√°usulas Dios‚ÄĚ (Pre√°mbulo, lema nacional de ‚ÄúDios, Patria y Libertad‚ÄĚ, la Biblia en el centro del Escudo Nacional) sino, sobre todo, de los valores de la dignidad humana, la igualdad y la inviolabilidad de la vida, que son herencia de la √©tica jud√≠a de la justicia y de la √©tica cristiana del amor y de la cual se nutre el Estado Constitucional. Los ciudadanos secularizados no debemos ni negarle un ‚Äúpotencial de verdad‚ÄĚ a las cosmovisiones religiosas ni oponernos a que nuestros conciudadanos creyentes contribuyan al debate p√ļblico en su ‚Äúlenguaje religioso‚ÄĚ (Habermas). M√°s a√ļn, es nuestro deber traducir a un ‚Äúlenguaje p√ļblicamente accesible‚ÄĚ los aportes religiosos de nuestros conciudadanos creyentes que puedan ser relevantes.

En b√ļsqueda de esta traducci√≥n de lo religioso a lo secular, los juristas que defendemos los valores liberales del Estado Constitucional y cuestionamos el Derecho penal del enemigo -que considera enemigo a todo ser humano que se estime es fuente de malestar para la comunidad, a quien le niega, en tanto ‚Äúno-persona‚ÄĚ, por tanto, toda protecci√≥n jur√≠dica- debemos ser m√°s receptivos a los argumentos de quienes se√Īalan que, en la legislaci√≥n de los pa√≠ses donde el aborto es l√≠cito, los verdaderos enemigos son los seres humanos concebidos y no nacidos, que, cuando no son ‚Äúdeseados‚ÄĚ, se les considera una carga de la que hay que ‚Äúdesembarazarse‚ÄĚ, un agresor que atenta contra el bienestar de los padres y un obst√°culo que impide el libre disfrute de los derechos a sus progenitores (Jes√ļs-Maria Silva S√°nchez). Sin negar la licitud del aborto en determinados supuestos de despenalizaci√≥n y tambi√©n en situaciones dram√°ticas de sufrimiento, soledad o angustia, hay que tomar en cuenta los datos de nuevos descubrimientos cient√≠ficos. Por ejemplo, hoy se sabe que los fetos sufren dolor f√≠sico, incluso mucho antes del punto de cuando comienzan a ser viables; y que, en estado avanzado de gestaci√≥n, los fetos prefieren mirar im√°genes de caras humanas, al igual que los reci√©n nacidos. Por eso, se requiere una ley de asistencia a la maternidad, que permita apoyar a la gestante; que convierta al aborto en una verdadera √ļltima opci√≥n; y que garantice los derechos a la vida, a la dignidad, a la autodeterminaci√≥n y a la salud integral de ella y del concebido, as√≠ como a poder tomar siempre decisiones dignas y suficientemente informadas. Y es que, hoy, nada es ni puede ser m√°s revolucionario que el fuerte llamado de nuestra Iglesia Cat√≥lica contra la cultura de la muerte y la exclusi√≥n del mundo de la personalidad jur√≠dica de categor√≠as enteras de seres humanos (embriones, fetos, ancianos, enfermos terminales y desvalidos) que, en tanto indeseados, se les considera enemigos, consecuentemente excluidos del status personae y degradados al estatuto de las cosas.