Lunes, 04 Diciembre 2017 13:50

Las primarias abiertas simult√°neas son inconstitucionales

Escrito por  Leonel Fern√°ndez
Twitter: @LeonelFernandez Twitter: @LeonelFernandez

En los art√≠culos 36 y 37 del Proyecto de Ley de Partidos Pol√≠ticos reintroducido por la Junta Central Electoral a las C√°maras Legislativas en febrero de este a√Īo, se sostiene que es competencia de los partidos y agrupaciones pol√≠ticas reglamentar las primarias internas a celebrarse en fecha determinada por el organismo competente del mismo partido o agrupaci√≥n pol√≠tica.

M√°s a√ļn, se indica que ‚Äúes responsabilidad de los partidos y agrupaciones pol√≠ticas decidir la modalidad de la organizaci√≥n de las primarias‚Ķ‚ÄĚ En el proyecto de la Junta Central Electoral no se le se√Īala a los partidos pol√≠ticos que las elecciones primarias internas deben ser abiertas, con el padr√≥n del organismo electoral, o cerradas con el registro de los miembros afiliados de la organizaci√≥n pol√≠tica.

En otras palabras, de conformidad con el proyecto del órgano electoral, cada partido dispone de la libertad de escoger el mecanismo que estime más conveniente a sus objetivos partidistas.

Esa es la clave de lo que establece el art√≠culo 216 de la Constituci√≥n de la Rep√ļblica, que textualmente dice as√≠: ‚ÄúLa organizaci√≥n de partidos, agrupaciones y movimientos pol√≠ticos es libre, con sujeci√≥n a los principios establecidos en esta Constituci√≥n.

Su conformaci√≥n y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley‚ÄĚ.

Al concebir la Constituci√≥n de la Rep√ļblica que los partidos pol√≠ticos son organizaciones libres, as√≠ como de que disponen de ‚Äúuna libertad democr√°tica interna‚ÄĚ, resultar√≠a incompatible con la propia Carta Magna el que se imponga, mediante una ley, una limitaci√≥n al ejercicio pleno de esa libertad instituida por el texto constitucional.

Ese fue uno de los criterios consignados por nuestra Suprema Corte de Justicia, actuando en función de Corte Constitucional, en la sentencia de fecha 16 de marzo de 2005, que declaró la nulidad de la Ley 286-04, que establecía el sistema de elecciones primarias simultáneas con voto universal, directo y secreto.

Una ley inconstitucional Como puede observarse, el prop√≥sito de establecer una ley de elecciones primarias simult√°neas, utilizando el padr√≥n universal de la Junta Central Electoral, no es nada nuevo en la Rep√ļblica Dominicana.

Ya se hab√≠a intentado 13 a√Īos atr√°s mediante la aprobaci√≥n de la ley a que hemos hecho referencia.

En virtud de una Acci√≥n Directa de Inconstitucionalidad incoada por la Fundaci√≥n Derecho y Democracia, interpuesta por el hoy presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio C√©sar Casta√Īos Guzm√°n, nuestro m√°s alto tribunal de justicia consider√≥ los siguientes argumentos: a) Que el art√≠culo 104 de la Constituci√≥n de la Rep√ļblica del a√Īo 2002 indica que ‚Äúes libre la organizaci√≥n de partidos y organizaciones pol√≠ticas de acuerdo con la ley‚Ä̂Ķ; y que ‚Äúesa disposici√≥n consagratoria de la libertad de organizaci√≥n de partidos y organizaciones pol√≠ticas, es refrendada, a su vez, por la libertad de asociaci√≥n y de reuni√≥n sin armas, con fines pol√≠ticos, econ√≥micos, sociales, culturales y de cualquier otra √≠ndole‚ÄĚ.

b) ‚ÄúQue tales disposiciones constitucionales no solo consagran el principio gen√©rico de libertad de asociaci√≥n en materia pol√≠tica, sino que el procedimiento escogido por ellas para el control de la funci√≥n electoral es el meramente exterior, que se caracteriza por la no intervenci√≥n del Estado en el √°mbito del derecho de asociaci√≥n pol√≠tica de los ciudadanos, el cual conserva su naturaleza privada originaria, pues la actividad efectuada por ellos (los partidos) si bien se enmarca en el ejercicio de la funci√≥n p√ļblica, por ser parte de la funci√≥n electoral, no por ello adquiere la categor√≠a de funci√≥n estatal‚ÄĚ.

c) Que si bien es cierto que algunos Estados (Argentina, Chile y Uruguay) han incluido en su ordenamiento jur√≠dico el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto con participaci√≥n de todos los electores para la selecci√≥n de las candidaturas y las agrupaciones pol√≠ticas, convocadas y controladas por las autoridades estatales, como el que favorec√≠a en nuestro pa√≠s la Ley 286-04, no es menos cierto que dicho sistema ha venido siendo sustituido por el ‚Äúsistema tradicional que permite escoger al elector los candidatos del partido al que pertenece mediante el voto de la mayor√≠a emitido en convenciones separadas celebradas por cada partido y, adem√°s, por estimarse que el primero facilitaba combinaciones antidemocr√°ticas en perjuicio de los m√°s id√≥neos candidatos‚ÄĚ.

En sus considerandos, la Suprema Corte de Justicia hizo otras ponderaciones que consideró de carácter inconstitucional en la ley objeto de impugnación, relacionadas con la Convocatoria de Asambleas Electorales para fines distintos a los indicados en las disposiciones jurisprudenciales, así como la nueva indicación de la fuente de donde provendrían los recursos para solventar las necesidades que se crearían con su puesta en ejecución.

Fue por todo eso que nuestro máximo intérprete constitucional de la época decidió declarar no conforme con la Constitución la ley que procuraba establecer un sistema de elecciones primarias simultáneas, mediante el voto universal directo y secreto.

Una discusión sin sentido 

Si como acaba de comprobarse, nuestra Suprema Corte de Justicia decidi√≥ declarar como inconstitucional la celebraci√≥n, por parte de los partidos pol√≠ticos, de elecciones primarias, simult√°neas y abiertas, ¬Ņpor qu√© raz√≥n ahora se insiste de nuevo en introducirlas en el proyecto de Ley de Partidos? Por una raz√≥n sencilla. Porque se pretende desconocer lo estipulado en el art√≠culo 277 de la Constituci√≥n de 2010, el cual reza de la siguiente manera: ‚ÄúTodas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci√≥n de la presente Constituci√≥n, no podr√°n ser examinadas por el Tribunal Constitucional‚ÄĚ.

Al interpretar lo consignado en nuestra Carta Magna, algunos han considerado que lo que el artículo 277 quiere decir es que la sentencia dictada con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada no puede dar lugar a un proceso de revisión judicial; pero si a la introducción de una nueva pieza legislativa a los mismos fines o propósitos.

Eso, sin embargo, tampoco es as√≠. El art√≠culo 184 de nuestra Ley Sustantiva consagra el precedente vinculante para todas las decisiones del Tribunal Constitucional que tengan car√°cter de definitivas e irrevocables; y el art√≠culo 6 del mismo texto constitucional estipula que ‚Äúson nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resoluci√≥n, reglamento o acto contrarios a esta Constituci√≥n‚ÄĚ.

Eso significa que el mero hecho de intentar introducir un proyecto de ley a los mismos fines del que ya fue declarado nulo por inconstitucional, devendría también nulo de pleno derecho.

As√≠ lo consagr√≥ el Tribunal Constitucional en su sentencia n√ļmero 84 del a√Īo 2013, en el que estableci√≥ que los precedentes constitucionales ‚Äúconstituyen fuente directa de derecho con car√°cter vinculante para todos los poderes p√ļblicos, dentro de los que se encuentra la C√°mara de Diputados, √≥rgano que integra el Poder Legislativo‚ÄĚ.

En sinton√≠a con lo previamente establecido, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio C√©sar Casta√Īos Guzm√°n ha sostenido que ‚Äúel efecto del art√≠culo 277 de la Constituci√≥n impide que asuntos que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada previo a la promulgaci√≥n de la Constituci√≥n de 2010 puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional; en consecuencia, este tema se encuentra precluido y eso es algo que debe tomar en cuenta el Congreso Nacional al momento de conocer el proyecto de ley de partidos pol√≠ticos‚ÄĚ.

Por su lado, el Tribunal Superior Electoral, en su Sentencia 23-2017, del 23 de septiembre de 2017, consideró que son los militantes de los partidos quienes deben elegir sus candidatos durante una convención interna con su propia lista o padrón.

A eso, a√Īadi√≥: ‚ÄúAceptar lo contrario ser√≠a provocar que los partidos pol√≠ticos se conduzcan en un esquema de vulnerabilidad que desnaturalice los fines y prop√≥sitos para los cuales han sido concebidos‚Ķ‚ÄĚ.

Luego de esas contundentes declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral e incontrovertible decisión del Tribunal Superior Electoral, las máximas autoridades en el país en materia electoral, se supone que el debate debió haber concluido.

No ha sido así. Sin embargo, desconocer lo consignado en el artículo 277 en lo referente a la Ley de Partidos Políticos, sería, al mismo tiempo, destapar una caja de Pandora, en la que todos los casos judiciales que anteriormente habían adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada podrían ser nuevamente conocidos por ante las distintas instituciones jurisdiccionales.

Eso, por supuesto, pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado como principio constitucional en el ordenamiento jurídico nacional.

La imposición a los partidos políticos de un sistema de elecciones primarias abiertas y simultáneas, sería un acto de naturaleza inconstitucional y un atropello institucional.