Viernes, 27 Octubre 2017 10:25

La cosa juzgada constitucional

Escrito por  Eduardo Jorge Prats
Twitter: @EdJorgePrats Twitter: @EdJorgePrats

Un interesante debate se ha suscitado respecto al sentido del art√≠culo 277 de la Constituci√≥n en virtud del cual ‚Äútodas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci√≥n de la presente Constituci√≥n, no podr√°n ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estar√°n sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia‚ÄĚ.

Hay quienes sostienen que, una vez existe un pronunciamiento jurisdiccional definitivo e irrevocable sobre un punto de Derecho Constitucional, le est√° total y absolutamente vedado al Tribunal Constitucional conocer de nuevo ese punto de Derecho. ¬ŅQu√© de cierto hay en esto? Respondo de inmediato citando lo que afirmo al respecto en el volumen I de mi manual de Derecho Constitucional:

‚ÄúLa cosa juzgada no es m√°s que el efecto atribuido por la ley a la parte dispositiva de las sentencias en virtud del cual queda prohibido volver de nuevo a litigar sobre lo que el juez ha definitiva e inmutablemente declarado en la sentencia. Se distinguen dos formas de cosa juzgada: la formal y la material. La cosa juzgada formal es aquella que gozan las sentencias irrecurribles e inmodificables, como ocurre con las sentencias constitucionales. La cosa juzgada material es aquella en virtud de la cual, una vez decidida la cuesti√≥n objeto de controversia, no podr√° volverse a plantearse el asunto a consideraci√≥n del tribunal constitucional. Con esto se busca impedir que se discuta indefinidamente sobre el punto espec√≠fico decidido y evitar, en consecuencia, que pudiesen presentarse fallos contradictorios. La cosa juzgada material no es de buen recibo en materia de control abstracto de constitucionalidad, en la medida en que vincular al juez constitucional a sus propias sentencias impedir√≠a ajustar la Constituci√≥n a la evoluci√≥n de la sociedad. Por eso, la Ley Org√°nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC) dispone que ‚Äėlas decisiones que deniegan la acci√≥n [‚Ķ] no producir√°n cosa juzgada‚Äô (art√≠culo 44). La cosa juzgada material ser√≠a un efecto inherente a las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad para evitar que se reintegre al ordenamiento una norma expulsada del mismo por considerarla inconstitucional el tribunal constitucional. De ah√≠ que la LOTCPC disponga que solo las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados ‚Äėproducir√°n cosa juzgada‚Äô (art√≠culo 45). Respecto a las sentencias desestimatorias, la controversia puede plantearse de nuevo, pues es posible que una norma, considerada en su momento constitucional, devenga inconstitucional en virtud de la din√°mica interpretativa de la jurisdicci√≥n constitucional. Como bien afirma Sagu√©s, ‚Äėla cosa juzgada material presupone la funci√≥n pacificadora del proceso, en el sentido de poner fin a una contienda, mientras que la cosa juzgada constitucional busca, principalmente, no pacificar intereses sino salvaguardar la supremac√≠a de la Constituci√≥n‚Äô‚ÄĚ.

Lo que el art√≠culo 277 proh√≠be es revisar el dispositivo de la sentencia. Pero dicho texto no impide cambiar la jurisprudencia constitucional. Como se√Īalo en mi antes citado libro, ‚Äúen todo caso, y contrario al efecto erga omnes, la cosa juzgada se predica del dispositivo y no de la motivaci√≥n de la sentencia constitucional. Ello as√≠ porque afirmar que la motivaci√≥n tiene efecto de cosa juzgada implica atar al Tribunal Constitucional a la parte motiva de sus sentencias, sin permitir un cambio de jurisprudencia. Esto echar√≠a por el suelo la funci√≥n creadora e integradora del Tribunal Constitucional e impedir√≠a la actualizaci√≥n de la Constituci√≥n v√≠a la jurisdicci√≥n constitucional‚ÄĚ.

Si se considera que la motivaci√≥n de las sentencias dictadas por la Suprema Corte entre 1908 y 1930 que declararon inconstitucional la legislaci√≥n laboral y social por violar la libertad de empresa y el derecho de propiedad constituye cosa juzgada material constitucional, entonces el C√≥digo de Trabajo y la Ley de Seguridad Social vigentes ser√≠an inconstitucionales. Esto es a todas luces absurdo. Como bien afirma Emilio Alfonso Garrote Campillay, ‚Äúen materia constitucional no hay una cosa juzgada en el sentido t√©cnico procesal de la instituci√≥n objeto de estudio. [‚Ķ] Lo que realmente existe es una cosa decidida, y como toda decisi√≥n puede ser modificada existiendo fundamentos razonables para ello [‚Ķ] Las sentencias emitidas en los procesos constitucionales no pueden poseer una rigidez ni producir un efecto que conspire contra la adaptabilidad y dinamismo de la Constituci√≥n. Esta √ļltima entendida como un orden abierto de reglas y principios. Un marco de posibilidades. Un cauce por el cual discurre el proceso pol√≠tico democr√°tico, que pretende encauzarlo de manera duradera a pesar del car√°cter cambiante de la realidad subyacente y de las demandas sociales‚ÄĚ. Es por ello que la propia LOTCPC, para evitar la petrificaci√≥n del ordenamiento jur√≠dico, establece en el p√°rrafo del art√≠culo 31 que ‚Äúcuando el Tribunal Constitucional resuelva apart√°ndose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisi√≥n las razones por las cuales ha variado su criterio‚ÄĚ, lo que ha hecho el Tribunal en varias ocasiones, como es el caso, de su posici√≥n respecto al beneficiario de la astreinte y la impugnaci√≥n ante dicho Tribunal de los actos administrativos manifiesta y arbitrariamente inconstitucionales.

 

Como afirmo en mi antes referido manual, ‚Äúla seguridad jur√≠dica derivada del caso juzgado no tiene nada que ver con la seguridad jur√≠dica derivada de la uniformidad de la jurisprudencia. Desde el punto de vista de las personas, no hay un derecho al mantenimiento de la jurisprudencia de los tribunales‚ÄĚ. Y es que, en palabras sabias y pertinentes del magistrado constitucional Rafael Diaz Filpo, ‚Äúel Derecho judicial creado por los precedentes, es un derecho cambiante, lo que permite que el Derecho se transforme e incorpore a las nuevas demandas y valores sociales‚ÄĚ.