Viernes, 27 Octubre 2017 10:25

La cosa juzgada constitucional

Escrito por  Eduardo Jorge Prats
Twitter: @EdJorgePrats Twitter: @EdJorgePrats

Un interesante debate se ha suscitado respecto al sentido del art铆culo 277 de la Constituci贸n en virtud del cual 鈥渢odas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci贸n de la presente Constituci贸n, no podr谩n ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estar谩n sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia鈥.

Hay quienes sostienen que, una vez existe un pronunciamiento jurisdiccional definitivo e irrevocable sobre un punto de Derecho Constitucional, le est谩 total y absolutamente vedado al Tribunal Constitucional conocer de nuevo ese punto de Derecho. 驴Qu茅 de cierto hay en esto? Respondo de inmediato citando lo que afirmo al respecto en el volumen I de mi manual de Derecho Constitucional:

鈥淟a cosa juzgada no es m谩s que el efecto atribuido por la ley a la parte dispositiva de las sentencias en virtud del cual queda prohibido volver de nuevo a litigar sobre lo que el juez ha definitiva e inmutablemente declarado en la sentencia. Se distinguen dos formas de cosa juzgada: la formal y la material. La cosa juzgada formal es aquella que gozan las sentencias irrecurribles e inmodificables, como ocurre con las sentencias constitucionales. La cosa juzgada material es aquella en virtud de la cual, una vez decidida la cuesti贸n objeto de controversia, no podr谩 volverse a plantearse el asunto a consideraci贸n del tribunal constitucional. Con esto se busca impedir que se discuta indefinidamente sobre el punto espec铆fico decidido y evitar, en consecuencia, que pudiesen presentarse fallos contradictorios. La cosa juzgada material no es de buen recibo en materia de control abstracto de constitucionalidad, en la medida en que vincular al juez constitucional a sus propias sentencias impedir铆a ajustar la Constituci贸n a la evoluci贸n de la sociedad. Por eso, la Ley Org谩nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (LOTCPC) dispone que 鈥榣as decisiones que deniegan la acci贸n [鈥 no producir谩n cosa juzgada鈥 (art铆culo 44). La cosa juzgada material ser铆a un efecto inherente a las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad para evitar que se reintegre al ordenamiento una norma expulsada del mismo por considerarla inconstitucional el tribunal constitucional. De ah铆 que la LOTCPC disponga que solo las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma o actos impugnados 鈥榩roducir谩n cosa juzgada鈥 (art铆culo 45). Respecto a las sentencias desestimatorias, la controversia puede plantearse de nuevo, pues es posible que una norma, considerada en su momento constitucional, devenga inconstitucional en virtud de la din谩mica interpretativa de la jurisdicci贸n constitucional. Como bien afirma Sagu茅s, 鈥榣a cosa juzgada material presupone la funci贸n pacificadora del proceso, en el sentido de poner fin a una contienda, mientras que la cosa juzgada constitucional busca, principalmente, no pacificar intereses sino salvaguardar la supremac铆a de la Constituci贸n鈥欌.

Lo que el art铆culo 277 proh铆be es revisar el dispositivo de la sentencia. Pero dicho texto no impide cambiar la jurisprudencia constitucional. Como se帽alo en mi antes citado libro, 鈥渆n todo caso, y contrario al efecto erga omnes, la cosa juzgada se predica del dispositivo y no de la motivaci贸n de la sentencia constitucional. Ello as铆 porque afirmar que la motivaci贸n tiene efecto de cosa juzgada implica atar al Tribunal Constitucional a la parte motiva de sus sentencias, sin permitir un cambio de jurisprudencia. Esto echar铆a por el suelo la funci贸n creadora e integradora del Tribunal Constitucional e impedir铆a la actualizaci贸n de la Constituci贸n v铆a la jurisdicci贸n constitucional鈥.

Si se considera que la motivaci贸n de las sentencias dictadas por la Suprema Corte entre 1908 y 1930 que declararon inconstitucional la legislaci贸n laboral y social por violar la libertad de empresa y el derecho de propiedad constituye cosa juzgada material constitucional, entonces el C贸digo de Trabajo y la Ley de Seguridad Social vigentes ser铆an inconstitucionales. Esto es a todas luces absurdo. Como bien afirma Emilio Alfonso Garrote Campillay, 鈥渆n materia constitucional no hay una cosa juzgada en el sentido t茅cnico procesal de la instituci贸n objeto de estudio. [鈥 Lo que realmente existe es una cosa decidida, y como toda decisi贸n puede ser modificada existiendo fundamentos razonables para ello [鈥 Las sentencias emitidas en los procesos constitucionales no pueden poseer una rigidez ni producir un efecto que conspire contra la adaptabilidad y dinamismo de la Constituci贸n. Esta 煤ltima entendida como un orden abierto de reglas y principios. Un marco de posibilidades. Un cauce por el cual discurre el proceso pol铆tico democr谩tico, que pretende encauzarlo de manera duradera a pesar del car谩cter cambiante de la realidad subyacente y de las demandas sociales鈥. Es por ello que la propia LOTCPC, para evitar la petrificaci贸n del ordenamiento jur铆dico, establece en el p谩rrafo del art铆culo 31 que 鈥渃uando el Tribunal Constitucional resuelva apart谩ndose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisi贸n las razones por las cuales ha variado su criterio鈥, lo que ha hecho el Tribunal en varias ocasiones, como es el caso, de su posici贸n respecto al beneficiario de la astreinte y la impugnaci贸n ante dicho Tribunal de los actos administrativos manifiesta y arbitrariamente inconstitucionales.

Como afirmo en mi antes referido manual, 鈥渓a seguridad jur铆dica derivada del caso juzgado no tiene nada que ver con la seguridad jur铆dica derivada de la uniformidad de la jurisprudencia. Desde el punto de vista de las personas, no hay un derecho al mantenimiento de la jurisprudencia de los tribunales鈥. Y es que, en palabras sabias y pertinentes del magistrado constitucional Rafael Diaz Filpo, 鈥渆l Derecho judicial creado por los precedentes, es un derecho cambiante, lo que permite que el Derecho se transforme e incorpore a las nuevas demandas y valores sociales鈥.