Miércoles, 11 Octubre 2017 11:41

¬°No son inconstitucionales!

Escrito por  Reinaldo Pared P√©rez
Twitter: @ReinaldoPared Twitter: @ReinaldoPared

A raíz del análisis y discusión del proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por diversos sectores de la sociedad y del cual se encuentra apoderado una comisión bicameral del Congreso Nacional, para su correspondiente ponderación que deberá conducir a la rendición de un informe que será conocido por ambas cámaras congresuales, algunos temas de dicho proyecto han dado lugar a debates interesantes y encontrados, resaltando de manera fundamental, aquellos relacionados con la selección de candidaturas por los partidos políticos a través del método conocido como primarias abiertas y simultáneas y el tipo de padrón electoral a utilizar en esos eventos eleccionarios.

Como es natural en ese tipo de situaci√≥n controvertida, hay sectores que son seguidores y partidarios de dicha metodolog√≠a de elecci√≥n de candidatos por los partidos pol√≠ticos, mientras que hay otros que se oponen a la implantaci√≥n de la misma, sobre la base de que el establecimiento de ella ser√≠a contraria a la Constituci√≥n de la Rep√ļblica.

Estas palabras procuran analizar los alegatos de la pretendida inconstitucionalidad de que adolecerían las primarias abiertas y simultáneas, sustentadas por sectores partidarios y no partidarios.

En efecto, esos sectores fundamentan de manera básica sus argumentos por una parte, en los predicamentos contenidos en una sentencia de la honorable Suprema Corte de Justicia, de fecha 16 de marzo de 2005, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley No. 286-04, de fecha 15 de agosto de 2004, que establecía el Sistema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto; mientras que, por otra parte, recurren a lo que dispone el artículo 277 de la actual Constitución dominicana, por cuyo motivo nos centraremos en analizar de manera separada ambos argumentos.

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL 16 DE MARZO DE 2005.-

Antes de adentrarnos en las consideraciones y en el an√°lisis de la sentencia de que se trata, debemos dejar por sentado la premisa, de que al momento de evacuar su precitada sentencia que declar√≥ la inconstitucionalidad de la Ley 286-04, la Suprema Corte de Justicia lo hizo fundament√°ndose en el texto de Constituci√≥n del a√Īo 2002, texto que en muchas de sus partes o ha sido confirmado, sustituido, modificado o en gran medida, ha sido renovado con novedosas situaciones por la Constituci√≥n del 26 de enero del a√Īo 2010, modificada √©sta en un solo art√≠culo por la Constituci√≥n del a√Īo 2015, por cuya raz√≥n como se demostrar√° m√°s adelante, la aprobaci√≥n de una nueva ley por parte del Congreso Nacional a los fines antes indicados, no vulnerar√≠a la vigente Constituci√≥n de la Rep√ļblica por contener las mismas disposiciones no contempladas en la del 2002.

Hecha la anterior precisi√≥n debemos decir, que para declarar la inconstitucionalidad de la se√Īalada Ley 286-04, la Suprema Corte de Justicia se fundament√≥ en cuatro factores: a) Que violaba el principio de la irretroactividad de la ley previsto en el art√≠culo 47 de la Constituci√≥n del 25 de julio del a√Īo 2002; b) Violaci√≥n del derecho de asociaci√≥n de los ciudadanos; c) Que la aplicaci√≥n de esa ley implicaba la convocatoria de las asambleas electorales previstas en los art√≠culos 89 y 90 de la Constituci√≥n del 2002 y d) Que implicaba la erogaci√≥n de fondos sin la identificaci√≥n de los mismos, contrariando el art√≠culo 115 de esa Constituci√≥n.

De esas cuatro situaciones alegadas por la Suprema Corte de justicia para declarar la inconstitucionalidad de la se√Īalada Ley 286-04, no nos referiremos a la √ļtlima de ellas, porque siempre ha sido un criterio invariable establecido en nuestras constituciones, que toda disposici√≥n legal que disponga la erogaci√≥n de fondos y no identifique en su texto la fuente de provisi√≥n de dichos fondos, deviene autom√°ticamente en inconstitucional, lo que ocurri√≥ en la especie.

Para consignar la declaratoria de inconstitucionalidad en los ordinales a) y b) arriba indicados, la entonces Suprema Corte de Justicia, se fundament√≥ en los siguientes alegatos: ‚ÄúConsiderando, que siendo un hecho cierto que los partidos pol√≠ticos existentes al momento de promulgarse la Ley No. 286-04, cuestionada, se organizaron conforme a la legislaci√≥n anterior, es decir, la que les permit√≠a la nominaci√≥n de sus candidatos a cargos electivos a trav√©s de sus convenciones internas y de conformidad con las disposiciones y modus operandi previstos en sus estatutos, resulta indudable que al disponer la nueva legislaci√≥n que las convenciones primarias de los partidos pol√≠ticos para la selecci√≥n de las candidaturas en los niveles presidencial, congresional y municipal, se celebrar√°n de manera conjunta, cuatro meses antes de las elecciones generales, en el mismo proceso que organice la Junta Central Electoral y sus juntas electorales, el mismo d√≠a, dentro de las mismas horas, usando los mismos colegios electorales utilizados en las elecciones generales y el padr√≥n correspondiente, en coordinaci√≥n con los partidos pol√≠ticos, la referida disposici√≥n, como se observa, vulnera no s√≥lo el principio de la no retroactividad de la ley, establecido en el art√≠culo 47 de la Constituci√≥n, que tambi√©n proclama su necesaria consecuencia al precisar que ‚Äúen ning√ļn caso la ley ni poder p√ļblico alguno podr√°n afectar o alterar la seguridad jur√≠dica derivada de situaciones establecidas¬† conforme a una legislaci√≥n anterior‚ÄĚ, sino tambi√©n el derecho que tienen los ciudadanos de asociarse pol√≠ticamente con la √ļnica limitaci√≥n de que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en la Constituci√≥n, al disponer que en lo adelante la escogencia de los candidatos se har√≠a en elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto en la forma que antes se ha indicado y no mediante el tradicional sistema de primarias internas de cada partido‚ÄĚ.

SOBRE LA ALEGADA NO RETROACTIVIDAD Y A LA VIOLACI‚ÄĚN DE LA LIBERTAD DE ASOCIACI‚ÄĚN Y DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS ELECTORALES.-

De la simple lectura del texto completo de la referida Ley 286-04, no se vislumbra en lo m√°s m√≠nimo, que la misma pueda estar afectada del vicio de inconstitucionalidad por no retroactividad, pues en ninguna de sus disposiciones se hace referencia, a que la misma tendr√° efecto hacia el pasado sobre las autoridades electivas ya electas, sobre todo si como se aprecia por la fecha de la indicada ley (15 de agosto de 2004), apenas hab√≠an transcurrido tres meses menos un d√≠a de la elecci√≥n del Presidente y Vicepresidente de la Rep√ļblica para el per√≠odo 2004-2008, y las autoridades congresuales y municipales se encontraban en pleno ejercicio para el per√≠odo 2002-2006.

En cuanto a la libertad de asociaci√≥n, la Constituci√≥n del 2002 consagraba la misma en el numeral 7) de su art√≠culo 8, cuando establec√≠a de manera textual, ‚ÄúLa libertad de asociaci√≥n y de reuni√≥n sin armas, con fines pol√≠ticos, econ√≥micos, sociales, culturales o de cualquier otra √≠ndole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden p√ļblico, la seguridad nacional y las buenas costumbres‚ÄĚ.

Si se analizan los seis art√≠culos que integran el texto completo de la repetida Ley 286-04, no encontraremos ni siquiera rastro alguno que vaya en la direcci√≥n de atentar o violentar la se√Īalada libertad de asociaci√≥n. Todo lo contrario, en ella se armonizan la participaci√≥n conjunta y combinada de los partidos pol√≠ticos con la Junta Central Electoral, para la organizaci√≥n y montaje del ‚ÄúSistema de Elecciones Primarias mediante el voto universal, directo y secreto‚ÄĚ.

Ahora bien, la actual Constituci√≥n trajo consigo la novedosa situaci√≥n, que por primera vez se le dedica un apartado a los partidos pol√≠ticos y cuyo texto se ajustar√≠a plenamente a las disposiciones del citado proyecto de ley de partidos pol√≠ticos. En efecto, nos referimos al art√≠culo 216 el que √≠ntegramente copiado dice as√≠: ‚ÄúPartidos Pol√≠ticos. La organizaci√≥n de partidos, agrupaciones y movimientos pol√≠ticos es libre, con sujeci√≥n a los principios establecidos en esta Constituci√≥n. Su conformaci√≥n y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participaci√≥n de ciudadanos y ciudadanas en los procesos pol√≠ticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formaci√≥n y manifestaci√≥n de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo pol√≠tico mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elecci√≥n popular; 3) Servir al inter√©s nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana‚ÄĚ.

Si nos detenemos en lo que disponen los numerales 1 y 2 antes transcritos del referido artrículo 216 de la vigente Carta Magna, concluiremos inequívocamente en que ambos textos guardarían perfecta armonía con la celebración de primarias abiertas y simultáneas para la escogencia de las candidaturas por los partidos políticos a cargos electivos.

Otro de los considerandos arg√ľidos por la Suprema Corte de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la citada Ley 286-04, es aquel en el que seg√ļn ella se violentaban los art√≠culos 89 y 90 de la Constituci√≥n del 2002. Ese considerando textualmente transcrito dice as√≠: ‚ÄúQue, de otra parte, de conformidad con los art√≠culos 89 y 90 de la Constituci√≥n, las Asambleas Electorales se reunir√°n de pleno derecho el 16 de mayo de cada cuatro a√Īos para elegir el Presidente y Vicepresidente de la Rep√ļblica; asimismo, para elegir los dem√°s funcionarios electivos, mediando dos a√Īos entre ambas elecciones√Ė; as√≠ como que corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Rep√ļblica y dem√°s funcionarios electivos; que sin embargo, la nueva ley pone a cargo de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales, convocar, como se ha dicho, la celebracion de las convenciones primarias de los partidos pol√≠ticos, a m√°s tardar cuatro meses antes de las elecciones generales, con el fin de seleccionar las candidaturas de los partidos y agrupaciones pol√≠ticas para las funciones electivas; que al se√Īalar la citada nueva Ley No. 286-04 que el sistema de elecciones primarias que ella instituye operar√≠a con la participaci√≥n de todos los electores, es decir del voto universal, obviamente que est√° patrocinando una convocatoria de las asambleas electorales para que se re√ļnan en fechas y con fines distintos a los indicados en las disposiciones constitucionales antes citadas, ya que √©stas (las asambleas electorales) deben reunirse √ļnicamente el 16 de mayo de cada cuatro a√Īos para elegir los funcionarios electivos de la Naci√≥n, y no para seleccionar las candidaturas de los partidos participantes en el torneo electoral, por lo que por este motivo la denominada Ley de Primarias resulta tambi√©n no conforme con la Constituci√≥n‚ÄĚ.

Ahora bien, lo que se guard√≥ a prop√≥sito la Suprema Corte de Justicia de entonces, es que la parte final del art√≠culo 89 de la Constituci√≥n se√Īalado por ella para su decisi√≥n, dejaba abierta la posibilidad de la convocatoria de las asambleas electorales para los fines y prop√≥sitos de la aludida Ley 286-04, cuando consagraba dicho art√≠culo 89 que ‚ÄúEn los casos de convocatoria extraordinaria, se reunir√°n a m√°s tardar sesenta d√≠as despu√©s de la publicaci√≥n de la ley de convocatoria‚ÄĚ. Es decir, en otras palabras, no es verdad que se violentaban las disposiciones de los art√≠culos 89 y 90 de la anterior Constituci√≥n del 2002.

VIOLACI‚ÄĚN ART√ćCULO 277 DE LA CONSTITUCI‚ÄĚN.-

Otro de los argumentos enarbolados por quienes se oponen a las primarias abiertas y simult√°neas para la elecci√≥n de candidatos a cargos electivos por los partidos pol√≠ticos, es aquel seg√ļn el cual una disposici√≥n a tales fines violar√≠a el art√≠culo 277 de la actual Constituci√≥n.

¬°NADA M√ĀS ALEJADO DE LA VERDAD Y DE UNA INTERPRETACI‚ÄĚN CORRECTA DEL ART. 277!

En efecto, como veremos a continuaci√≥n lo que dispone dicho art√≠culo es un impedimento al Tribunal Constitucional de examinar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con anterioridad a la proclamacion de la Constituci√≥n del a√Īo 2010.

Ese art√≠culo 277 de la vigente Carta Magna completamente transcrito reza as√≠: ‚ÄúDecisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamaci√≥n de la presente Constituci√≥n, no podr√°n ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estar√°n sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia‚ÄĚ. Como puede observarse, simple y llanamente este art√≠culo le establece, repetimos, un impedimento al Tribunal Constitucional de revisar aquellas decisiones de la Suprema Corte de Justicia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sobre todo en materia constitucional.

En definitiva y en conclusión, las disposiciones previstas en el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos relacionadas con la implementación del sistema de primarias abiertas y simultáneas para la elección de candidaturas a cargos electivos, en nada violentan el contenido de todo el texto de nuestra Carta Magna actualmente en vigencia.