Viernes, 11 Agosto 2017 11:26

Los juristas de la dictadura

Escrito por  Eduardo Jorge Prats
Twitter: @EdJorgePrats Twitter: @EdJorgePrats

Los constantes atropellos y desafueros cometidos por las autoridades judiciales venezolanas en perjuicio de la ciudadan√≠a y de la oposici√≥n pol√≠tica as√≠ como la reciente condena a prisi√≥n perpetua de ex jueces por su complicidad con los cr√≠menes de la dictadura militar argentina han sacado a relucir la cuesti√≥n del papel que juegan los juristas y los funcionarios judiciales en la consolidaci√≥n y perpetuaci√≥n de los reg√≠menes autoritarios y cu√°l debe ser la estrategia pol√≠tica e institucional para prevenir y combatir la complicidad judicial en contextos dictatoriales y totalitarios. Dos obras provenientes de juristas alemanes, ‚ÄúLos juristas del horror. La justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atr√°s‚ÄĚ de Ingo M√ľller y ‚ÄúDerecho degenerado. Teor√≠a jur√≠dica y juristas de c√°mara en el Tercer Reich‚ÄĚ de Bernd R√ľthers, han servido de libros de cabecera a un conjunto de analistas de la comunidad jur√≠dica iberoamericana decididos a encontrar en la experiencia judicial nazi elementos que permitan desentra√Īar y enfrentar el flagelo de la perversi√≥n del Derecho perpetrada para legitimar las violaciones sistem√°ticas de los derechos por los actores de la dictadura y sus colaboradores en la judicatura.

‚ÄúEl pu√Īal del asesino se oculta bajo el manto del jurista‚ÄĚ. As√≠ resum√≠a el tribunal de Nuremberg en 1949 la idea de que los abogados, bajo el disfraz de simples y leg√≠timas actuaciones jur√≠dicas, pueden ser autores y c√≥mplices de cr√≠menes horrendos. Esta participaci√≥n criminal puede darse mediante la ejecuci√≥n de leyes y ordenes criminales de un gobierno dictatorial o, como ocurri√≥ en el caso de los cuatro ex jueces federales argentinos recientemente condenados, mediante su silencio ante los cr√≠menes perpetrados durante la dictadura o su decisi√≥n de no investigar las denuncias presentadas por las familias de las v√≠ctimas, lo cual no fue una actuaci√≥n pasiva sino claramente activa que implic√≥ la complicidad en los cr√≠menes cometidos.

En el caso de los jueces nazis, su defensa fundamental, adelantada en parte ya en los dict√°menes rendidos por Carl Schmitt a sus interrogadores durante su detenci√≥n en Nuremberg, consisti√≥ en achacarle la culpa al positivismo jur√≠dico, en especial a Hans Kelsen, y se√Īalar que, como funcionarios del Estado, estaban jur√≠dicamente obligados a acatar las leyes y mandatos de las autoridades, aun su contenido fuese manifiestamente injusto. Ya se sabe, sin embargo, que, tanto en el caso alem√°n, como en la actual coyuntura venezolana ‚Äďmagn√≠ficamente descrita en ensayos y art√≠culos por destacados juristas venezolanos tales como Allan Brewer Carias, Jos√© Ignacio Hern√°ndez y Ricardo Escovar Le√≥n, por solo citar algunos- los jueces, aparte de aplicar un Derecho manifiestamente injusto, lo que hicieron fue, sobre todo, pervertir el Derecho existente, desmontando as√≠, paulatina, consistente y progresivamente, el Estado de Derecho y, consecuentemente, creando un ‚ÄúDerecho degenerado‚ÄĚ (Ruthers), gracias a las groseras y vulgares distorsiones de la Constituci√≥n propiciadas por el descarado striptease hermen√©utico de una desbocada Sala Constitucional, que de seguro validar√° todos los ukases que dicte el nuevo gobierno asambleario del Comit√© de Salud P√ļblica, disfrazado de Asamblea Constituyente, que rige Venezuela.

En lo que respecta a la Rep√ļblica Dominicana, siempre se ha repetido lo que Jes√ļs de Gal√≠ndez dec√≠a en su tesis sobre la Era de Trujillo: el Poder Judicial, tempranamente sometido por el dictador a sus designios, funcionaba de modo independiente en todos los casos que no tocasen a Trujillo y su familia. L√≥gicamente, en un Estado patrimonialista como el trujillista, donde el Jefe era gobernante absoluto y due√Īo de las principales empresas, era poco lo que llegaba a la justicia que no tuviese que ver con Trujillo y sus emprendimientos. Es cierto que Trujillo era extremadamente cuidadoso con la legalidad, lo que explica que, cuando el dictador iba a apoderarse de la propiedad de alguien, cumpl√≠a escrupulosamente con las normas de expropiaci√≥n o se hac√≠a pasar en el Congreso a tales fines una ley. Pero esto se deb√≠a a que Trujillo, al no ser electo en elecciones verdaderas y transparentes, ten√≠a que legitimarse aun fuese a trav√©s de la legalidad formal emanada de su Congreso. Naturalmente, todo aquello escond√≠a la arbitrariedad de un r√©gimen que, como el trujillista, estaba al margen de la verdadera legalidad. Con raz√≥n Gal√≠ndez, hablaba de la ‚Äúparodia constitucional‚ÄĚ. Si fu√©semos a utilizar una figura del Derecho Administrativo, podr√≠amos decir que el r√©gimen trujillista fue una gran obra de desv√≠o de poder, donde las facultades constitucionales y legales de las autoridades fueron utilizadas para malversar los fondos p√ļblicos, sustraer la propiedad de las personas y aniquilar a los enemigos. Es verdad que, como se√Īal√≥ hace tiempo Dami√°n B√°ez, ning√ļn juez en la Era elev√≥ a Trujillo como fuente del Derecho, como lo hicieron los jueces nazis con el F√ľhrer. Tambi√©n es cierto, sin embargo, que ning√ļn juez fue capaz de dictar un h√°beas corpus a favor de un detenido arbitrariamente por el r√©gimen. La profesi√≥n jur√≠dica estuvo sometida a Trujillo como lo demuestra el uso pol√≠tico del exequ√°tur para condenar a la muerte civil y al ostracismo a abogados enemigos o ‚Äúdesafectos‚ÄĚ del r√©gimen. En los infames Doce A√Īos de Balaguer (1966-1978) hubo una cierta liberalizaci√≥n, gracias al esfuerzo de abogados y jueces defensores de los derechos humanos, pero la estructura judicial trujillista se mantuvo, reciclada, pr√°cticamente intacta. La justicia pol√≠tica balaguerista se ceb√≥ contra los opositores y se mantuvo indiferente frente a los ‚Äúincontrolables‚ÄĚ.

Hay que escribir la historia dominicana de la complicidad judicial con los reg√≠menes autoritarios. Y dedicarle un cap√≠tulo final al Derecho jurisprudencial degenerado que emerge de jueces que, tras la transici√≥n democr√°tica, en pleno Estado de Derecho, meten de contrabando sus valores autoritarios tras la mampara de una pervertida ponderaci√≥n que, como bien advierte J√ľrgen Habermas, termina considerando irrazonables a los propios derechos fundamentales.