Viernes, 11 Agosto 2017 11:26

Los juristas de la dictadura

Escrito por  Eduardo Jorge Prats
Twitter: @EdJorgePrats Twitter: @EdJorgePrats

Los constantes atropellos y desafueros cometidos por las autoridades judiciales venezolanas en perjuicio de la ciudadan铆a y de la oposici贸n pol铆tica as铆 como la reciente condena a prisi贸n perpetua de ex jueces por su complicidad con los cr铆menes de la dictadura militar argentina han sacado a relucir la cuesti贸n del papel que juegan los juristas y los funcionarios judiciales en la consolidaci贸n y perpetuaci贸n de los reg铆menes autoritarios y cu谩l debe ser la estrategia pol铆tica e institucional para prevenir y combatir la complicidad judicial en contextos dictatoriales y totalitarios. Dos obras provenientes de juristas alemanes, 鈥淟os juristas del horror. La justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atr谩s鈥 de Ingo M眉ller y 鈥淒erecho degenerado. Teor铆a jur铆dica y juristas de c谩mara en el Tercer Reich鈥 de Bernd R眉thers, han servido de libros de cabecera a un conjunto de analistas de la comunidad jur铆dica iberoamericana decididos a encontrar en la experiencia judicial nazi elementos que permitan desentra帽ar y enfrentar el flagelo de la perversi贸n del Derecho perpetrada para legitimar las violaciones sistem谩ticas de los derechos por los actores de la dictadura y sus colaboradores en la judicatura.

鈥淓l pu帽al del asesino se oculta bajo el manto del jurista鈥. As铆 resum铆a el tribunal de Nuremberg en 1949 la idea de que los abogados, bajo el disfraz de simples y leg铆timas actuaciones jur铆dicas, pueden ser autores y c贸mplices de cr铆menes horrendos. Esta participaci贸n criminal puede darse mediante la ejecuci贸n de leyes y ordenes criminales de un gobierno dictatorial o, como ocurri贸 en el caso de los cuatro ex jueces federales argentinos recientemente condenados, mediante su silencio ante los cr铆menes perpetrados durante la dictadura o su decisi贸n de no investigar las denuncias presentadas por las familias de las v铆ctimas, lo cual no fue una actuaci贸n pasiva sino claramente activa que implic贸 la complicidad en los cr铆menes cometidos.

En el caso de los jueces nazis, su defensa fundamental, adelantada en parte ya en los dict谩menes rendidos por Carl Schmitt a sus interrogadores durante su detenci贸n en Nuremberg, consisti贸 en achacarle la culpa al positivismo jur铆dico, en especial a Hans Kelsen, y se帽alar que, como funcionarios del Estado, estaban jur铆dicamente obligados a acatar las leyes y mandatos de las autoridades, aun su contenido fuese manifiestamente injusto. Ya se sabe, sin embargo, que, tanto en el caso alem谩n, como en la actual coyuntura venezolana 鈥搈agn铆ficamente descrita en ensayos y art铆culos por destacados juristas venezolanos tales como Allan Brewer Carias, Jos茅 Ignacio Hern谩ndez y Ricardo Escovar Le贸n, por solo citar algunos- los jueces, aparte de aplicar un Derecho manifiestamente injusto, lo que hicieron fue, sobre todo, pervertir el Derecho existente, desmontando as铆, paulatina, consistente y progresivamente, el Estado de Derecho y, consecuentemente, creando un 鈥淒erecho degenerado鈥 (Ruthers), gracias a las groseras y vulgares distorsiones de la Constituci贸n propiciadas por el descarado striptease hermen茅utico de una desbocada Sala Constitucional, que de seguro validar谩 todos los ukases que dicte el nuevo gobierno asambleario del Comit茅 de Salud P煤blica, disfrazado de Asamblea Constituyente, que rige Venezuela.

En lo que respecta a la Rep煤blica Dominicana, siempre se ha repetido lo que Jes煤s de Gal铆ndez dec铆a en su tesis sobre la Era de Trujillo: el Poder Judicial, tempranamente sometido por el dictador a sus designios, funcionaba de modo independiente en todos los casos que no tocasen a Trujillo y su familia. L贸gicamente, en un Estado patrimonialista como el trujillista, donde el Jefe era gobernante absoluto y due帽o de las principales empresas, era poco lo que llegaba a la justicia que no tuviese que ver con Trujillo y sus emprendimientos. Es cierto que Trujillo era extremadamente cuidadoso con la legalidad, lo que explica que, cuando el dictador iba a apoderarse de la propiedad de alguien, cumpl铆a escrupulosamente con las normas de expropiaci贸n o se hac铆a pasar en el Congreso a tales fines una ley. Pero esto se deb铆a a que Trujillo, al no ser electo en elecciones verdaderas y transparentes, ten铆a que legitimarse aun fuese a trav茅s de la legalidad formal emanada de su Congreso. Naturalmente, todo aquello escond铆a la arbitrariedad de un r茅gimen que, como el trujillista, estaba al margen de la verdadera legalidad. Con raz贸n Gal铆ndez, hablaba de la 鈥減arodia constitucional鈥. Si fu茅semos a utilizar una figura del Derecho Administrativo, podr铆amos decir que el r茅gimen trujillista fue una gran obra de desv铆o de poder, donde las facultades constitucionales y legales de las autoridades fueron utilizadas para malversar los fondos p煤blicos, sustraer la propiedad de las personas y aniquilar a los enemigos. Es verdad que, como se帽al贸 hace tiempo Dami谩n B谩ez, ning煤n juez en la Era elev贸 a Trujillo como fuente del Derecho, como lo hicieron los jueces nazis con el F眉hrer. Tambi茅n es cierto, sin embargo, que ning煤n juez fue capaz de dictar un h谩beas corpus a favor de un detenido arbitrariamente por el r茅gimen. La profesi贸n jur铆dica estuvo sometida a Trujillo como lo demuestra el uso pol铆tico del exequ谩tur para condenar a la muerte civil y al ostracismo a abogados enemigos o 鈥渄esafectos鈥 del r茅gimen. En los infames Doce A帽os de Balaguer (1966-1978) hubo una cierta liberalizaci贸n, gracias al esfuerzo de abogados y jueces defensores de los derechos humanos, pero la estructura judicial trujillista se mantuvo, reciclada, pr谩cticamente intacta. La justicia pol铆tica balaguerista se ceb贸 contra los opositores y se mantuvo indiferente frente a los 鈥渋ncontrolables鈥.

Hay que escribir la historia dominicana de la complicidad judicial con los reg铆menes autoritarios. Y dedicarle un cap铆tulo final al Derecho jurisprudencial degenerado que emerge de jueces que, tras la transici贸n democr谩tica, en pleno Estado de Derecho, meten de contrabando sus valores autoritarios tras la mampara de una pervertida ponderaci贸n que, como bien advierte J眉rgen Habermas, termina considerando irrazonables a los propios derechos fundamentales.