Lunes, 10 Julio 2017 11:19

El financiamiento de los partidos políticos

Escrito por  Leonel Fern√°ndez
Twitter: @LeonelFernandez Twitter: @LeonelFernandez

Durante las √ļltimas semanas la Comisi√≥n Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos pol√≠ticos ¬†que ha entrado en los temas m√°s controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentaci√≥n sobre el financiamiento de los partidos pol√≠ticos resulta controversial por el papel que desempe√Īa el dinero en las competencias pol√≠ticas democr√°ticas o electorales.

Aunque en algunos pa√≠ses de Am√©rica Latina, como Uruguay y Costa Rica, se hab√≠an establecido mecanismos de regulaci√≥n al uso de los recursos econ√≥micos en el √°mbito pol√≠tico, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los a√Īos 70, al producirse la transici√≥n hacia sistemas pol√≠ticos democr√°ticos que en la regi√≥n se desarroll√≥ la tendencia hacia la regulaci√≥n financiera de los partidos pol√≠ticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se plante√≥ la posibilidad de utilizar fondos p√ļblicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campa√Īas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sosten√≠a que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones pol√≠ticas que no hab√≠an conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos. ¬†

Sin embargo, con posterioridad lleg√≥ a comprenderse la necesidad e importancia de una financiaci√≥n p√ļblica a la actividad pol√≠tica, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

As√≠, de esa forma, surgi√≥ el criterio de combinar financiaci√≥n p√ļblica con la privada, estableci√©ndose un sistema o mecanismo de car√°cter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayor√≠a de los pa√≠ses de Am√©rica Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las √ļltimas dos d√©cadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de c√≥mo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendici√≥n de cuentas y sanciones en caso de violaci√≥n a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones

Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexi√≥n en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos p√ļblicos, se ha sugerido que esa distribuci√≥n se produzca en cantidades iguales para cada partido. ¬†Eso significar√≠a entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos peque√Īos, lo que se estima es algo inadecuado porque los peque√Īos no tienen el mismo nivel de representaci√≥n que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribuci√≥n en cantidades proporcionales en relaci√≥n al n√ļmero de votos obtenidos en el √ļltimo certamen electoral; o una combinaci√≥n de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que ata√Īe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribuci√≥n de un monto elevado podr√≠a implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tr√°fico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones proh√≠ben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos pol√≠ticos o para campa√Īas electorales. Pero esto no tiene car√°cter general, ya que en muchos pa√≠ses si se permite, y por lo tanto, no se considera una pr√°ctica il√≠cita.

El proyecto dominicano

El actual proyecto de ley de partidos pol√≠ticos que examina la Comisi√≥n Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, p√ļblico y privado, de financiaci√≥n de los partidos y agrupaciones pol√≠ticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos  provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos p√ļblicos ser√° distribuido a los partidos en funci√≥n de los votos obtenidos en la √ļltima elecci√≥n; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que ata√Īe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podr√°n ser superiores al 1% del monto m√°ximo correspondiente al partido que reciba mayor asignaci√≥n del fondos p√ļblicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribuci√≥n individual no podr√≠a ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos l√≠mites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creaci√≥n de unos llamados Comit√©s de Acci√≥n Pol√≠tica, los cuales directamente pueden invertir en la campa√Īa del partido; y lo √ļnico que les est√° prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

 Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como  sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.