Lunes, 10 Julio 2017 11:19

El financiamiento de los partidos pol铆ticos

Escrito por  Leonel Fern谩ndez
Twitter: @LeonelFernandez Twitter: @LeonelFernandez

Durante las 煤ltimas semanas la Comisi贸n Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos pol铆ticos 聽que ha entrado en los temas m谩s controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones pol铆ticas, que figura en el t铆tulo V del referido proyecto de ley, y abarca desde el art铆culo 53 al 67.

La reglamentaci贸n sobre el financiamiento de los partidos pol铆ticos resulta controversial por el papel que desempe帽a el dinero en las competencias pol铆ticas democr谩ticas o electorales.

Aunque en algunos pa铆ses de Am茅rica Latina, como Uruguay y Costa Rica, se hab铆an establecido mecanismos de regulaci贸n al uso de los recursos econ贸micos en el 谩mbito pol铆tico, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los a帽os 70, al producirse la transici贸n hacia sistemas pol铆ticos democr谩ticos que en la regi贸n se desarroll贸 la tendencia hacia la regulaci贸n financiera de los partidos pol铆ticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se plante贸 la posibilidad de utilizar fondos p煤blicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campa帽as electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sosten铆a que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones pol铆ticas que no hab铆an conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos. 聽

Sin embargo, con posterioridad lleg贸 a comprenderse la necesidad e importancia de una financiaci贸n p煤blica a la actividad pol铆tica, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

As铆, de esa forma, surgi贸 el criterio de combinar financiaci贸n p煤blica con la privada, estableci茅ndose un sistema o mecanismo de car谩cter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayor铆a de los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las 煤ltimas dos d茅cadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de c贸mo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendici贸n de cuentas y sanciones en caso de violaci贸n a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en Am茅rica Latina ni en ninguna parte del mundo una legislaci贸n que tenga car谩cter de universalidad y que sirva como patr贸n de referencia a todas las dem谩s. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones espec铆ficas de cada pa铆s y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

L铆mites y prohibiciones

Para recibir fondos provenientes del Estado, una organizaci贸n pol铆tica generalmente est谩 sujeta a la obtenci贸n de un porcentaje m铆nimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representaci贸n en el Congreso Nacional o en la Alcald铆a Municipal.

Al suscitarse la reflexi贸n en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos p煤blicos, se ha sugerido que esa distribuci贸n se produzca en cantidades iguales para cada partido. 聽Eso significar铆a entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos peque帽os, lo que se estima es algo inadecuado porque los peque帽os no tienen el mismo nivel de representaci贸n que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribuci贸n en cantidades proporcionales en relaci贸n al n煤mero de votos obtenidos en el 煤ltimo certamen electoral; o una combinaci贸n de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupaci贸n reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepci贸n de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violaci贸n.

Resulta evidente el inter茅s que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que ata帽e a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribuci贸n de un monto elevado podr铆a implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tr谩fico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero as铆 como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en raz贸n de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldr铆a a intromisi贸n en los asuntos internos de un pa铆s y vulnerabilidad al ejercicio de su soberan铆a.

De igual manera, algunas legislaciones proh铆ben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos pol铆ticos o para campa帽as electorales. Pero esto no tiene car谩cter general, ya que en muchos pa铆ses si se permite, y por lo tanto, no se considera una pr谩ctica il铆cita.

El proyecto dominicano

El actual proyecto de ley de partidos pol铆ticos que examina la Comisi贸n Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, p煤blico y privado, de financiaci贸n de los partidos y agrupaciones pol铆ticas.

Corresponder谩 a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos 聽provenientes del Estado a las organizaciones pol铆ticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra instituci贸n del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupaci贸n pol铆tica.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos p煤blicos ser谩 distribuido a los partidos en funci贸n de los votos obtenidos en la 煤ltima elecci贸n; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado ser谩n destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educaci贸n y capacitaci贸n de los miembros de la organizaci贸n pol铆tica; y un 35% para apoyar la organizaci贸n de los procesos internos de elecci贸n de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elecci贸n popular.

En lo que ata帽e a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podr谩n ser superiores al 1% del monto m谩ximo correspondiente al partido que reciba mayor asignaci贸n del fondos p煤blicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribuci贸n individual no podr铆a ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos l铆mites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creaci贸n de unos llamados Comit茅s de Acci贸n Pol铆tica, los cuales directamente pueden invertir en la campa帽a del partido; y lo 煤nico que les est谩 prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones il铆citas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas f铆sicas o jur铆dicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas f铆sicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jer谩rquicos.

聽Nuestro proyecto de ley prev茅 que la Junta Central Electoral crear谩 una unidad especializada de control financiero de los partidos pol铆ticos, que tendr谩, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, as铆 como 聽sus topes de gastos.

De igual manera, prev茅 sanciones a los partidos y agrupaciones pol铆ticas que van desde la fijaci贸n de multas de 100 a 200 salarios m铆nimos, hasta la privaci贸n de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiaci贸n indebida de los recursos de la organizaci贸n pol铆tica, destin谩ndose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisi贸n Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluaci贸n del proyecto de ley de partidos y agrupaciones pol铆ticas, pronto la aprobaci贸n de este proyecto se convertir谩 en el tema principal para garantizar el tr谩nsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que ser谩 de mayor participaci贸n pol铆tica de los ciudadanos; de mayor institucionalizaci贸n interna de los partidos; de mayor capacitaci贸n de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos econ贸micos.聽