Lunes, 29 Febrero 2016 23:47

La medida cautelar de la JCE no es m谩s que una grosera intromisi贸n

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En sus declarados esfuerzos para ordenar la campa帽a proselitista, ante la ausencia de legislaci贸n de partidos y actualizaci贸n legal de la materia, la Junta Central Electoral (JCE) pretende reglamentar asuntos que pudieran desbordar sus atribuciones constitucionales.

La JCE es 贸rgano aut贸nomo con personalidad jur铆dica e independencia t茅cnica, administrativa, presupuestaria y financiera con la misi贸n principal de organizar y dirigir elecciones y mecanismos de participaci贸n popular (referendo y plebiscito) con poder reglamentaria en temas de su competencia.

El cuarto p谩rrafo del art铆culo 212 de la Constituci贸n precisa estas competencias al se帽alar que 鈥渧elar谩 porque los procesos electorales se realicen con sujeci贸n a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campa帽as y transparencia en la utilizaci贸n del financiamiento鈥.

La norma suprema ampl铆a y precisa esta atribuci贸n al preceptuar que 鈥渢endr谩 facultad para reglamentar los tiempos y l铆mites en los gastos de campa帽a, as铆 como el acceso equitativo a los medios de comunicaci贸n鈥.

De acuerdo a esas competencias fue correcta la propuesta del miembro del organismo, Eddy Olivares, de reglamentar la propaganda electoral y controlar el uso de bienes p煤blicos en la campa帽a, la cual fue rechazada 4-1 por el pleno del organismo.

Lo contrario fue la aprobaci贸n, por la propia JCE, de resoluci贸n como medida cautelar dirigida al Congreso Nacional para suspender por el resto de campa帽a el fondo de gasto social conocido popularmente como 鈥渂arrilito鈥 o 鈥渃ofrecito鈥.

Aunque para muchos este fondo, proveniente del presupuesto del Poder Legislativo, resulta ser un tanto abusivo por senadores y diputados, el Congreso tiene independencia y autonom铆a presupuestaria y financiera, como la JCE, y en consecuencia la disposici贸n de esos recursos es discrecional.

La eliminaci贸n o limitaci贸n del uso del fondo debe decidirla los propios legisladores o, en caso extremo, sentencia del Tribunal Constitucional ante apoderamiento de acci贸n en inconstitucionalidad para corregir esta distorsi贸n anti茅tica.