Franklin Almeyida dice es ‚Äúimprocedente e inconstitucional‚ÄĚ prisi√≥n de acusados

Mi√©rcoles, 05 Julio 2017 11:47 Escrito por  Publicado en NACIONALES
Franklin Almeyida dice es “improcedente e inconstitucional” prisión de acusados Foto de archivo.

Santo Domingo, DN.- El ex ministro de Interior y Polic√≠a y miembro del Comit√© Pol√≠tico del gubernamental Partido de la Liberaci√≥n Dominicana (PLD), Franklin Almeida, consider√≥ ‚Äúimprocedente e inconstitucional‚ÄĚ imponer privaci√≥n de libertad a los encartados en el expediente de los supuestos sobornos de la constructora ¬†Odebrecht.

Abog√≥ porque todos ellos sean puestos en libertad, aunque se contin√ļe la investigaci√≥n sobre los hechos de los cuales se les acusa.

En un art√≠culo period√≠stico titulado ‚Äú¬ŅDeben estar en libertad?‚ÄĚ, Almeida, quien adem√°s es un experimentado abogado, dice que la libertad no se pierde porque una persona est√© siendo investigada, ya que la presunci√≥n de inocencia, tambi√©n le protege.

El texto de su artículo es el siguiente:

‚ÄúDesde siglos se consagraron los derechos humanos, en Europa con la Revoluci√≥n francesa y en Am√©rica con la Independencia Norteamericana y la abolici√≥n de la esclavitud. De √ļltima generaci√≥n, en d√©cadas de final del pasado Siglo XX, se concentraron en los derechos fundamentales econ√≥micos y sociales. Los pa√≠ses se han puesto de acuerdo en organismos internacionales para la prohibici√≥n de la pena de muerte. Es que el derecho a la vida es el primero de todos; sin vida no se ejercen los dem√°s, porque se debe existir para tener libertad, libre expresi√≥n, educaci√≥n, alimentaci√≥n, vivienda, empleo, vestir, libre circulaci√≥n, la ciudadan√≠a e identidad personal, etc.

Seguido al derecho a la vida, está el derecho a la libertad; el que está privado de libertad, está inhabilitado a ejercer la mayoría de los derechos; se reducen a la alimentación, vestir y un techo. Así están los condenados con penas de privación de libertad. Es que la vida y la libertad conducen a los demás derechos.

Quienes no defienden la vigencia de los derechos, desconocen siglos de historia y las luchas civiles de las √ļltimas d√©cadas; a eso nunca se debe renunciar.

La libertad no se pierde por estar siendo investigado; se presume inocencia; ella se considera el estado natural y ante una investigaci√≥n judicial ‚ÄúLas medidas de coerci√≥n, restrictivas de la libertad personal, tienen car√°cter excepcional y su aplicaci√≥n debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar‚ÄĚ (Art. 40, ac√°pite 9).

Ese mandato constitucional es taxativo, no admite dudas. Reduce una coerci√≥n a privaci√≥n de libertad a determinadas circunstancias excepcionales y se aplican ‚Äúproporcional al peligro que tratan de resguardar‚ÄĚ.

Lo explicado es suficiente para considerar como improcedente e inconstitucional imponer privación de libertad a los encartados en el expediente de Odebrecht. Su libertad no significa dejar de ser investigados; es presumir inocencia.

Benito Ju√°rez, ese patriota continental nacido en M√©xico, proclam√≥: ‚ÄúLa defensa al derecho ajeno es la paz‚ÄĚ. Digamos lo mismo.

Entre nosotros existe una cultura de la arbitrariedad e intolerancia, que aun los que defienden los derechos, exaltados reclaman reducir a prisi√≥n por cualquier motivo, expresando: ‚Äútr√°nquelo‚ÄĚ, o peor haciendo la se√Īal con la mano as√≠ (‚Äúdale pa‚Äôbajo‚ÄĚ) o ‚Äú¬Ņa√ļn est√° vivo?‚ÄĚ

La Polic√≠a, que es el cuerpo represivo del Estado de acercamiento a la poblaci√≥n, y responsable de su protecci√≥n, s√≥lo sabe ‚Äújalar‚ÄĚ con ligereza su arma letal porque no est√° entrenada ni equipada para controlar a los infractores m√°s violentos con medios no letales. Se linchan presuntos delincuentes.

En todos los niveles sociales se experimenta una forma de predominio a esa cultura de la arbitrariedad e intolerancia, hasta para reclamar corregir violaciones a los derechos.

Más preocupante es que los jueces procedan igual, cuando ellos deben ser pioneros de los derechos y no recogerse temerosos. Son sustentadores sociales de los derechos; contraría su razón de ser dejarse dirigir por presiones políticas mediáticas y una cultura de arbitrariedad, en vez de dar lecciones sobre la libertad y el ejercicio de los derechos.

El debido proceso no es una bonita expresión jurídica, se trata del respeto a normas procesales aplicables a todos para ser juzgados, presumiendo inocencia y poderse defender en libertad, hasta condena irrevocable.

¡Procede reclamar el derecho a la libertad de los encartados, para defenderse, aun seguirían investigados!