Delitos caso Odebrecht conllevan penas de dos meses hasta 10 a√Īos de c√°rcel

Martes, 30 Mayo 2017 14:14 Escrito por  Fuente Publicado en JUDICIALES

Santo Domingo, DN.- Los delitos que habr√≠an cometido los funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios apresados el lunes por su supuesta implicaci√≥n en los sobornos que pag√≥ la empresa Odebrecht en Rep√ļblica Dominicana conllevan penas que van desde dos meses hasta 10 a√Īos de prisi√≥n. seg√ļn resalta este martes la prensa matutina.

Entre las infracciones figuran proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bienes, indicó el periódico Listín Diario.

La Constitución establece que a las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.

Soborno en el Comercio y la Inversión

Art√≠culo 2: Todo funcionario p√ļblico o persona que desempe√Īe funciones p√ļblicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para s√≠ mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones p√ļblicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversi√≥n nacional o internacional, se considerar√° reo de soborno, y como tal ser√° castigado con la pena de tres (3) a diez (10) a√Īos de reclusi√≥n y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ning√ļn caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios m√≠nimos‚ÄĚ.

Art√≠culo 3: Toda persona, ya sea f√≠sica o jur√≠dica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario p√ļblico o a una persona que desempe√Īe funciones p√ļblicas en la Rep√ļblica Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para s√≠ mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones p√ļblicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversi√≥n nacional o internacional, se considerar√° reo de soborno nacional‚ÄĚ.

Ley sobre lavado de activos

Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisi√≥n de alguna de las infracciones tipificadas en este art√≠culo, as√≠ como a eludir las consecuencias jur√≠dicas de sus acciones.‚ÄĚ

‚ÄúArt. 4.- El conocimiento, la intenci√≥n o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta secci√≥n, as√≠ como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en esta ley, podr√≠a inferirse de las circunstancias objetivas del caso. P√°rrafo.- Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violaci√≥n de esta ley, siempre que no puedan justificar el origen l√≠cito de los mismos, ser√°n sancionadas con las penas establecidas en la misma‚ÄĚ.

Art. 8.- Será igualmente sancionada con la pena contemplada en el capítulo de las sanciones (artículos 25, 26 y 27 de la presente ley):

a) La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por v√≠a a√©rea, mar√≠tima o terrestre, portando dinero o t√≠tulos valores al portador o que env√≠e los mismos por correo p√ļblico o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil d√≥lares, moneda de los Estados Unidos de Am√©rica (US$10,000.00) u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto;

b) El que de manera directa o por interp√≥sita persona obtenga para s√≠ o para otro, incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.‚ÄĚ

Las penas que corresponderían en caso de las violaciones previstas en el artículo 8 son las siguientes:

‚ÄúArt. 25.- La persona que incurra en la infracci√≥n prevista en el art√≠culo 8, letra a) de esta ley ser√° condenada a una pena no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) a√Īos de prisi√≥n, y a una multa no menor de diez (10) salarios m√≠nimos ni mayor de veinte (20) salarios m√≠nimos, as√≠ como a la confiscaci√≥n de la suma incautada.

Art. 26.- La persona que incurra en la infracci√≥n prevista en el art√≠culo 8, letra b) de esta ley ser√° condenada a una pena de reclusi√≥n no menor de tres (3) a√Īos ni mayor de diez (10) a√Īos y a una multa equivalente al incremento patrimonial.

Art. 27.- Cuando al momento de la comisi√≥n, la persona encontrada culpable de la infracci√≥n prevista en la letra b) del art√≠culo 8 de esta ley fuera funcionario o empleado p√ļblico del orden administrativo, legislativo o judicial, la pena de reclusi√≥n aplicable en ning√ļn caso ser√° inferior a la mitad del m√°ximo de la pena imponible, sin perjuicio de la multa‚ÄĚ.

Ley 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio:

Art√≠culo 2.- Obligaci√≥n de declarar. Los funcionarios indicados en el Art√≠culo 3 de esta Ley estar√°n obligados antes de la toma de posesi√≥n a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por Notario P√ļblico, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su c√≥nyuge, sin el cual no se har√° efectivo su designaci√≥n o elecci√≥n. Igualmente, deber√°n cumplir a los dos a√Īos de su desempe√Īo y en un plazo no mayor de quince (15) d√≠as despu√©s de haber cesado sus funciones.

Art√≠culo 3. Funcionarios P√ļblicos obligados a declarar. Quedan obligados a la exigencia de la presente Ley:

1. El Presidente y Vice- Presidente de la Rep√ļblica; 2. Los Senadores y Diputados; as√≠ como los Secretarios Administrativos del Senado de la Rep√ļblica y la C√°mara de Diputados;

3. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y los dem√°s jueces del orden judicial;

4. El Procurador General de la Rep√ļblica, y sus Adjuntos, y los dem√°s miembros del Ministerio P√ļblico.

5. Los Ministros y Vice-ministros;

6. El Gobernador y Vice- Gobernador del Banco Central;

7. El Presidente y los dem√°s miembros de la C√°mara de Cuentas; 8. El Presidente y los dem√°s miembros de la Junta Central Electoral;

9. El Contralor General de la Rep√ļblica; 10. Los Administradores y Gerentes de Bancos Estatales; 11. Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y Tesoreros Municipales;

12. El Secretario General y los Subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;

13. Los Embajadores, C√≥nsules Generales de la Rep√ļblica Dominicana acreditados en otros pa√≠ses, y representantes ante organismos internacionales. 14. Los Administradores y sub-Administradores Generales;

Art√≠culo 7. √ďrganos responsables.

1. La C√°mara de Cuentas ser√° la competente para decidir las cuestiones administrativas y de cumplimiento de la presente ley. Para estos fines se crea la Unidad Especializada de Evaluaci√≥n y Fiscalizaci√≥n del Patrimonio de los Funcionarios P√ļblicos, como entidad adscrita a la C√°mara de Cuentas, la cual se encargar√° de manera permanente de la verificaci√≥n de la veracidad de los inventarios y de monitorear los movimientos y modificaciones de los bienes p√ļblicos, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades tributarias correspondientes. La organizaci√≥n y funcionamiento de esta unidad ser√°n reglamentados por el Pleno de la C√°mara de Cuentas.

2. Es responsabilidad de la Declaraci√≥n Nacional de Persecuci√≥n de la Corrupci√≥n Administrativa (DPCA), dirigir la investigaci√≥n penal respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la C√°mara de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios p√ļblicos y en caso de que proceda presentar los requerimientos y acusaciones correspondientes ante el tribunal competente.

3. Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios objeto de investigaci√≥n por hechos de corrupci√≥n p√ļblica, o haya sido denunciado por un tercero.

La sanción que corresponde a este delito, está contemplada más adelante en el artículo 8,  el cual establece lo siguiente:

‚ÄúArt√≠culo 8. Sanciones. Cualquier funcionario p√ļblico, obligado o no por la presente ley, que durante el desempe√Īo de su cargo o dentro de los dos a√Īos siguientes a su cesaci√≥n, y como consecuencia de sus funciones incremente su patrimonio en forma evidente y excesiva con respecto de sus ingresos leg√≠timos y posibilidades econ√≥micas, por s√≠ o por interpuesta persona, constituye un elemento prima facie de la infracci√≥n especial de enriquecimiento il√≠cito. Dicha infracci√≥n quedar√° configurada luego de establecerse la procedencia il√≠cita del incremento patrimonial. Los bienes cuyo origen no puedan ser probados por el declarante se reputar√°n como producto de enriquecimiento il√≠cito y se solicitar√° su confiscaci√≥n al tribunal competente en los t√©rminos establecidos por el numeral 5 del art√≠culo 52 de la Constituci√≥n de la Rep√ļblica.

P√°rrafo I: Los funcionarios p√ļblicos que resulten responsables de dicha infracci√≥n, ser√°n sancionados con la pena de cinco (5) a diez (10) a√Īos de reclusi√≥n, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitaci√≥n para ocupar funciones p√ļblicas por un per√≠odo de dos (2) a diez (10) a√Īos, seg√ļn la gravedad y naturaleza del caso. √Čsta √ļltima se impondr√° como pena accesoria cuyo cumplimiento iniciar√° a partir del t√©rmino de la sanci√≥n privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, ser√°n sancionadas como c√≥mplices de las infracciones que resulten culpables.

Código Penal

Coalición de funcionarios.

Art. 123.- Los funcionarios o empleados p√ļblicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad p√ļblica que concierten o convengan entre s√≠ la ejecuci√≥n de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se env√≠en diputaciones, ser√°n castigados con prisi√≥n de dos a seis meses, e inhabilitaci√≥n absoluta de uno a cinco a√Īos, para cargos y oficios p√ļblicos.

Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de que trata el art√≠culo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecuci√≥n de las leyes o de las √≥rdenes del Gobierno, se impondr√° a los culpables la pena de destierro. Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocadores, ser√°n castigados con la reclusi√≥n, y los dem√°s culpables lo ser√°n con la pena de destierro. Art. 125.- Si del concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, la pena de veinte a√Īos de trabajos p√ļblicos se impondr√° a los culpables.

Prevaricación

Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario p√ļblico en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricaci√≥n. ¬†Art. 167.- La degradaci√≥n c√≠vica se impondr√° al crimen de prevaricaci√≥n, en todos los casos en que la ley no pronuncie penas m√°s graves.

Art. 169.- Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos p√ļblicos, deber√°n hacer los dep√≥sitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos. Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para conservar, guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitir√°n el producto de tales ventas y rendir√°n cuenta de los que quedasen en su poder, y de los cuales son responsables, dentro del per√≠odo y en la forma y manera establecida por el Poder Ejecutivo. ¬†De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o por mandato de autoridad competente, terrenos, edificios, √ļtiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, rendir√°n informe y cuenta de ellos dentro del per√≠odo y del modo se√Īalado por las leyes y reglamentos.

Art. 170.- La falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, √ļtiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder, ser√° considerada como desfalco.

Art. 171.- La apropiaci√≥n por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terreno, edificios, √ļtiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomar√° como evidencia prima facie de desfalco.

Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado p√ļblico, convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto por los art√≠culos anteriores, ser√° castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusi√≥n. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el da√Īo causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena ser√° la de no menos de un a√Īo prisi√≥n correccional y la inhabilitaci√≥n para desempe√Īar cualquier cargo p√ļblico durante cuatro a√Īos. En caso de insolvencia, se aplicar√° al condenado sobre la pena enunciada, un d√≠a m√°s de reclusi√≥n o de prisi√≥n por cada cinco pesos de multa, sin que en ning√ļn caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez a√Īos.

 Asociación de malhechores.

Art. 265.- Toda asociaci√≥n formada, cualquiera que sea su duraci√≥n o el n√ļmero de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer cr√≠menes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz p√ļblica.

Art. 266.- Se castigar√° con la pena de trabajos p√ļblicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el art√≠culo anterior.

PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena, si, antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación.

Crédito/Listin.com.do