Delitos caso Odebrecht conllevan penas de dos meses hasta 10 a帽os de c谩rcel

Martes, 30 Mayo 2017 14:14 Escrito por  Fuente Publicado en JUDICIALES

Santo Domingo, DN.- Los delitos que habr铆an cometido los funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios apresados el lunes por su supuesta implicaci贸n en los sobornos que pag贸 la empresa Odebrecht en Rep煤blica Dominicana conllevan penas que van desde dos meses hasta 10 a帽os de prisi贸n. seg煤n resalta este martes la prensa matutina.

Entre las infracciones figuran proscripci贸n de la corrupci贸n, lavado de activos, soborno en el comercio, asociaci贸n de malhechores, coalici贸n de funcionarios y prevaricaci贸n, falsedad en declaraci贸n de bienes, indic贸 el peri贸dico List铆n Diario.

La Constituci贸n establece que a las personas condenadas por delitos de corrupci贸n les ser谩 aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradaci贸n c铆vica, y se les exigir谩 la restituci贸n de lo apropiado de manera il铆cita.

Soborno en el Comercio y la Inversi贸n

Art铆culo 2: Todo funcionario p煤blico o persona que desempe帽e funciones p煤blicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para s铆 mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones p煤blicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversi贸n nacional o internacional, se considerar谩 reo de soborno, y como tal ser谩 castigado con la pena de tres (3) a diez (10) a帽os de reclusi贸n y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ning煤n caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios m铆nimos鈥.

Art铆culo 3: Toda persona, ya sea f铆sica o jur铆dica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario p煤blico o a una persona que desempe帽e funciones p煤blicas en la Rep煤blica Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para s铆 mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones p煤blicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversi贸n nacional o internacional, se considerar谩 reo de soborno nacional鈥.

Ley sobre lavado de activos

Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracci贸n grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b) Oculte, encubra o impida la determinaci贸n real, la naturaleza, el origen, la ubicaci贸n, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisi贸n de alguna de las infracciones tipificadas en este art铆culo, as铆 como a eludir las consecuencias jur铆dicas de sus acciones.鈥

鈥淎rt. 4.- El conocimiento, la intenci贸n o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta secci贸n, as铆 como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en esta ley, podr铆a inferirse de las circunstancias objetivas del caso. P谩rrafo.- Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violaci贸n de esta ley, siempre que no puedan justificar el origen l铆cito de los mismos, ser谩n sancionadas con las penas establecidas en la misma鈥.

Art. 8.- Ser谩 igualmente sancionada con la pena contemplada en el cap铆tulo de las sanciones (art铆culos 25, 26 y 27 de la presente ley):

a) La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por v铆a a茅rea, mar铆tima o terrestre, portando dinero o t铆tulos valores al portador o que env铆e los mismos por correo p煤blico o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil d贸lares, moneda de los Estados Unidos de Am茅rica (US$10,000.00) u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto;

b) El que de manera directa o por interp贸sita persona obtenga para s铆 o para otro, incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.鈥

Las penas que corresponder铆an en caso de las violaciones previstas en el art铆culo 8 son las siguientes:

鈥淎rt. 25.- La persona que incurra en la infracci贸n prevista en el art铆culo 8, letra a) de esta ley ser谩 condenada a una pena no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) a帽os de prisi贸n, y a una multa no menor de diez (10) salarios m铆nimos ni mayor de veinte (20) salarios m铆nimos, as铆 como a la confiscaci贸n de la suma incautada.

Art. 26.- La persona que incurra en la infracci贸n prevista en el art铆culo 8, letra b) de esta ley ser谩 condenada a una pena de reclusi贸n no menor de tres (3) a帽os ni mayor de diez (10) a帽os y a una multa equivalente al incremento patrimonial.

Art. 27.- Cuando al momento de la comisi贸n, la persona encontrada culpable de la infracci贸n prevista en la letra b) del art铆culo 8 de esta ley fuera funcionario o empleado p煤blico del orden administrativo, legislativo o judicial, la pena de reclusi贸n aplicable en ning煤n caso ser谩 inferior a la mitad del m谩ximo de la pena imponible, sin perjuicio de la multa鈥.

Ley 82-79 sobre declaraci贸n jurada de patrimonio:

Art铆culo 2.- Obligaci贸n de declarar. Los funcionarios indicados en el Art铆culo 3 de esta Ley estar谩n obligados antes de la toma de posesi贸n a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por Notario P煤blico, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su c贸nyuge, sin el cual no se har谩 efectivo su designaci贸n o elecci贸n. Igualmente, deber谩n cumplir a los dos a帽os de su desempe帽o y en un plazo no mayor de quince (15) d铆as despu茅s de haber cesado sus funciones.

Art铆culo 3. Funcionarios P煤blicos obligados a declarar. Quedan obligados a la exigencia de la presente Ley:

1. El Presidente y Vice- Presidente de la Rep煤blica; 2. Los Senadores y Diputados; as铆 como los Secretarios Administrativos del Senado de la Rep煤blica y la C谩mara de Diputados;

3. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y los dem谩s jueces del orden judicial;

4. El Procurador General de la Rep煤blica, y sus Adjuntos, y los dem谩s miembros del Ministerio P煤blico.

5. Los Ministros y Vice-ministros;

6. El Gobernador y Vice- Gobernador del Banco Central;

7. El Presidente y los dem谩s miembros de la C谩mara de Cuentas; 8. El Presidente y los dem谩s miembros de la Junta Central Electoral;

9. El Contralor General de la Rep煤blica; 10. Los Administradores y Gerentes de Bancos Estatales; 11. Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y Tesoreros Municipales;

12. El Secretario General y los Subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;

13. Los Embajadores, C贸nsules Generales de la Rep煤blica Dominicana acreditados en otros pa铆ses, y representantes ante organismos internacionales. 14. Los Administradores y sub-Administradores Generales;

Art铆culo 7. 脫rganos responsables.

1. La C谩mara de Cuentas ser谩 la competente para decidir las cuestiones administrativas y de cumplimiento de la presente ley. Para estos fines se crea la Unidad Especializada de Evaluaci贸n y Fiscalizaci贸n del Patrimonio de los Funcionarios P煤blicos, como entidad adscrita a la C谩mara de Cuentas, la cual se encargar谩 de manera permanente de la verificaci贸n de la veracidad de los inventarios y de monitorear los movimientos y modificaciones de los bienes p煤blicos, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades tributarias correspondientes. La organizaci贸n y funcionamiento de esta unidad ser谩n reglamentados por el Pleno de la C谩mara de Cuentas.

2. Es responsabilidad de la Declaraci贸n Nacional de Persecuci贸n de la Corrupci贸n Administrativa (DPCA), dirigir la investigaci贸n penal respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la C谩mara de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios p煤blicos y en caso de que proceda presentar los requerimientos y acusaciones correspondientes ante el tribunal competente.

3. Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios objeto de investigaci贸n por hechos de corrupci贸n p煤blica, o haya sido denunciado por un tercero.

La sanci贸n que corresponde a este delito, est谩 contemplada m谩s adelante en el art铆culo 8, 聽el cual establece lo siguiente:

鈥淎rt铆culo 8. Sanciones. Cualquier funcionario p煤blico, obligado o no por la presente ley, que durante el desempe帽o de su cargo o dentro de los dos a帽os siguientes a su cesaci贸n, y como consecuencia de sus funciones incremente su patrimonio en forma evidente y excesiva con respecto de sus ingresos leg铆timos y posibilidades econ贸micas, por s铆 o por interpuesta persona, constituye un elemento prima facie de la infracci贸n especial de enriquecimiento il铆cito. Dicha infracci贸n quedar谩 configurada luego de establecerse la procedencia il铆cita del incremento patrimonial. Los bienes cuyo origen no puedan ser probados por el declarante se reputar谩n como producto de enriquecimiento il铆cito y se solicitar谩 su confiscaci贸n al tribunal competente en los t茅rminos establecidos por el numeral 5 del art铆culo 52 de la Constituci贸n de la Rep煤blica.

P谩rrafo I: Los funcionarios p煤blicos que resulten responsables de dicha infracci贸n, ser谩n sancionados con la pena de cinco (5) a diez (10) a帽os de reclusi贸n, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitaci贸n para ocupar funciones p煤blicas por un per铆odo de dos (2) a diez (10) a帽os, seg煤n la gravedad y naturaleza del caso. 脡sta 煤ltima se impondr谩 como pena accesoria cuyo cumplimiento iniciar谩 a partir del t茅rmino de la sanci贸n privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, ser谩n sancionadas como c贸mplices de las infracciones que resulten culpables.

C贸digo Penal

Coalici贸n de funcionarios.

Art. 123.- Los funcionarios o empleados p煤blicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad p煤blica que concierten o convengan entre s铆 la ejecuci贸n de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se env铆en diputaciones, ser谩n castigados con prisi贸n de dos a seis meses, e inhabilitaci贸n absoluta de uno a cinco a帽os, para cargos y oficios p煤blicos.

Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de que trata el art铆culo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecuci贸n de las leyes o de las 贸rdenes del Gobierno, se impondr谩 a los culpables la pena de destierro. Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocadores, ser谩n castigados con la reclusi贸n, y los dem谩s culpables lo ser谩n con la pena de destierro. Art. 125.- Si del concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, la pena de veinte a帽os de trabajos p煤blicos se impondr谩 a los culpables.

Prevaricaci贸n

Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario p煤blico en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricaci贸n. 聽Art. 167.- La degradaci贸n c铆vica se impondr谩 al crimen de prevaricaci贸n, en todos los casos en que la ley no pronuncie penas m谩s graves.

Art. 169.- Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos p煤blicos, deber谩n hacer los dep贸sitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos. Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para conservar, guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitir谩n el producto de tales ventas y rendir谩n cuenta de los que quedasen en su poder, y de los cuales son responsables, dentro del per铆odo y en la forma y manera establecida por el Poder Ejecutivo. 聽De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o por mandato de autoridad competente, terrenos, edificios, 煤tiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, rendir谩n informe y cuenta de ellos dentro del per铆odo y del modo se帽alado por las leyes y reglamentos.

Art. 170.- La falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, 煤tiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder, ser谩 considerada como desfalco.

Art. 171.- La apropiaci贸n por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terreno, edificios, 煤tiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomar谩 como evidencia prima facie de desfalco.

Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado p煤blico, convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto por los art铆culos anteriores, ser谩 castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusi贸n. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el da帽o causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena ser谩 la de no menos de un a帽o prisi贸n correccional y la inhabilitaci贸n para desempe帽ar cualquier cargo p煤blico durante cuatro a帽os. En caso de insolvencia, se aplicar谩 al condenado sobre la pena enunciada, un d铆a m谩s de reclusi贸n o de prisi贸n por cada cinco pesos de multa, sin que en ning煤n caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez a帽os.

聽Asociaci贸n de malhechores.

Art. 265.- Toda asociaci贸n formada, cualquiera que sea su duraci贸n o el n煤mero de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer cr铆menes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz p煤blica.

Art. 266.- Se castigar谩 con la pena de trabajos p煤blicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el art铆culo anterior.

PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente art铆culo, ser谩 exenta de pena, si, antes de toda persecuci贸n, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociaci贸n.

Cr茅dito/Listin.com.do